Hay frases que envejecen mal. “Benditas redes sociales” fue, durante seis años, uno de los estribillos favoritos del gobierno anterior. Andrés Manuel López Obrador las bendecía desde Palacio Nacional porque le permitían saltarse a la prensa que lo incomodaba y hablarle directo a millones de mexicanos sin intermediarios, sin filtros y sin preguntas. Las redes eran benditas mientras servían para llegar al poder y para sostenerse en él.
Hoy, con la presidenta Claudia Sheinbaum impulsando una propuesta para limitar y regular las redes sociales y la inteligencia artificial, aquellas benditas redes parecen haber perdido de golpe la bendición. Y conviene preguntarse qué fue exactamente lo que cambió: ¿Las redes, o quién las necesita?
Dicho eso, no quiero caer en el reflejo fácil de descalificar una propuesta sólo por quién la firma. El diagnóstico de fondo es correcto, y me atrevo a decir que va tarde. Las redes sociales y la inteligencia artificial les han hecho a las democracias del mundo un daño que apenas estamos empezando a medir.
Recordemos Cambridge Analytica: Ochenta y siete millones de perfiles de Facebook extraídos sin consentimiento para construir retratos psicológicos de votantes y servirles mensajes políticos hechos a la medida de sus miedos, en el referéndum del Brexit y en la elección estadounidense de 2016. Ninguna de esas personas supo jamás quién pagó el anuncio que le apareció en la pantalla, ni por qué le apareció a ella y no a su vecino. Creyeron que estaban formándose una opinión. Estaban recibiendo una.
El mecanismo es sencillo y por eso es tan eficaz. El algoritmo no está diseñado para mostrarte lo que es verdad, sino lo que te mantiene frente a la pantalla. Y lo que nos mantiene frente a la pantalla, casi siempre, es la indignación. Así se construyen las burbujas donde cada quien vive rodeado de gente que piensa igual y termina convencido de que quien piensa distinto no está equivocado, sino que está enfermo o comprado.
Platón describió ésto hace veinticuatro siglos sin sospecharlo. En el libro VII de “La República” imaginó a unos prisioneros encadenados en una caverna, mirando sombras proyectadas en un muro y creyendo que esas sombras eran el mundo entero. La única diferencia con nuestra caverna es que en la de Platón todos los prisioneros veían las mismas sombras. En la nuestra, cada quien recibe las suyas, personalizadas, calculadas, distintas a las del de junto. Dos mexicanos pueden caminar por la misma calle, el mismo día, frente al mismo hecho, y habitar dos realidades que no se tocan.
La inteligencia artificial lleva ésto a otro nivel, porque ya no se trata sólo de elegir qué sombras te enseñan: Ahora se pueden fabricar. Videos de personas que nunca dijeron lo que se les escucha decir, voces clonadas, rostros prestados, ejércitos enteros de cuentas que parecen ciudadanos indignados y son líneas de código. Con eso se han empujado movimientos, se han hundido candidaturas y se han encendido calles en varios países. La primavera árabe se organizó en redes sociales; también se organizaron ahí las campañas que después ayudaron a aplastarla.
Por eso otros países ya se movieron. Australia prohibió las redes sociales a los menores de dieciséis años. La Unión Europea aprobó la primera ley integral de inteligencia artificial del mundo y obligó a las plataformas a rendir cuentas sobre sus algoritmos. Brasil llegó al extremo de bloquear X durante semanas por orden de un juez. En todos los casos el debate fue el mismo y sigue abierto: Dónde termina la protección al ciudadano y dónde empieza la censura al ciudadano.
Pero México tiene un problema adicional, y es el que casi nadie está poniendo sobre la mesa. Ninguna de estas empresas es mexicana. Meta no es mexicana, Google no es mexicana, OpenAI no es mexicana, X no es mexicana. Sus servidores, sus algoritmos, sus datos de entrenamiento y sus decisiones están fuera del alcance de cualquier diputado en San Lázaro. Podemos multar, podemos amenazar, podemos incluso bloquear. Lo que no podemos es legislar sobre algo que no vive aquí.
Y hay una capa más incómoda de admitir: El T-MEC tiene un capítulo de comercio digital. Cualquier intento serio de regular a las tecnológicas estadounidenses deja de ser un asunto legislativo interno y se convierte en un asunto comercial, y con el gobierno que hoy está en Washington, en un asunto diplomático. Ya vimos en esta columna lo que pasa cuando México toca temas sensibles del tratado. Regular a Silicon Valley desde México no es un problema técnico. Es un problema de soberanía que llevamos treinta años sin resolver.
Queda entonces la pregunta que Juvenal formuló hace casi dos mil años y que seguimos sin poder responder: ¿Quién vigila a los vigilantes? Porque quien redacte la definición legal de “desinformación” se queda, en los hechos, con la facultad de decidir qué es verdad. Y en México esa pluma pertenece al mismo poder que la regla debería estar vigilando.
Como escribí en “Gobernados por Nadie”, el poder rara vez se toma por la fuerza en nuestros tiempos; se toma administrando la información que la gente recibe. Quien controla lo que ves, controla lo que crees. Y quien controla lo que crees, no necesita controlar tu voto.
Al final, este debate se nos presenta como Estado contra plataformas, soberanía contra libertad de expresión. Pero basta mirar quién está sentado en la mesa: De un lado, un gobierno que quiere administrar la conversación pública. Del otro, corporaciones que valen más que el producto interno bruto de México y que ya la administran, y además cobran por hacerlo. Ninguno de los dos eres tú. Otra vez, poderosos contra no poderosos.
Porque las redes nunca fueron benditas ni malditas. Fueron útiles. La única pregunta que ha cambiado en estos años es útiles para quién.