Mi respeto y admiración por la señora Isabel Miranda de Wallace.
Es un personaje que ha luchado por la justicia en beneficio de muchos mexicanos. Logró sobreponerse a una tragedia personal y después de ese drama inenarrable su trabajo público ha sido no sólo una piedra en el zapato para las autoridades de todos los órdenes, sino una tabla de náufrago para que miles de personas que sufren la desaparición de sus seres queridos, víctimas del secuestro, continúen en la búsqueda de los mismos.
Desde mi modesta trinchera, mi aplauso y reconocimiento.
Sin embargo, me parece que en el ánimo de coadyuvar para enfrentar ese problema delictivo, es menester poner los pies en la tierra, en la exigencia de la señora Wallace a las administraciones municipales de Tamaulipas, sobre el combate a la ilegalidad.
Le diré el porqué de esta opinión.
Desde el mandato del entonces Presidente Felipe Calderón, los ayuntamientos de nuestro Estado fueron despojados de toda función y facultad policiacas. Sus agentes preventivos fueron inhabilitados y algunos hasta sometidos a proceso penal, la estructura de mando local desapareció porque obviamente no tenían a quien mandar, salieron de circulación las patrullas de la llamada policía uniformada y las pocas armas que tenían, la mayoría al nivel de resorteras por su raquítica capacidad de fuego, fueron decomisadas por el Ejército.
Fue una medida en ese tiempo acertada. La mayoría de los efectivos estaban al servicio de intereses ilegales y poco hacían para proteger a la sociedad.
Pero tras esas acciones, los alcaldes quedaron como testigos de piedra. Si muy poco hacían los ediles en ese sentido, pasaron a hacer nada para convertirse en figuras decorativas en labores de “recomposición del tejido social”, un término de moda acuñado por los gobiernos estatales para maquillar su nula capacidad en la tarea de garantizar la seguridad pública.
En esas condiciones –disculpen la divergencia– me parece una aberración pedir a los ayuntamientos que hagan algo para evitar o reducir el delito. Tiene piso el término. No manejan ni un corta uñas para defender al estado de derecho en el fuero común que era de su competencia y lo más parecido que actualmente manejan son las corporaciones de tránsito, cuyos agentes apenas cuentan con chalecos blindados de mala calidad para medio proteger su vida o integridad física.
Que quede claro:
Soy el primero en exigirle a un alcalde, incluido al de Victoria, que trabaje por una ciudad próspera, que pavimente sus calles, que otorgue un abasto adecuado de agua, que cumpla con el alumbrado público, que trabaje porque la recolección de basura sea efectiva, que impulse la inversión y el empleo, que promueva apoyos sociales, que gestione o concrete las obras que urgen al municipio y que busque opciones de rescate para desamparados, entre otras muchas obligaciones.
¿Pero exigirles que en su feudo garanticen la seguridad y enfrenten a la delincuencia?
Por favor. Se les eligió –a algunos para mal ya se ve– para administrar a un municipio, no para jugar a ser héroe de historieta sin policías, sin armamento, sin dinero para buscar ni una aspirina contra la inseguridad.
No defiendo a alcalde alguno, de hecho varios son una pesadilla en su malhadada labor, pero hay que imponer la racionalidad en este terreno.
Ni en Nuevo Laredo, ni en Reynosa, ni Matamoros, ni Río Bravo, ni Victoria, ni Mante, ni Madero o Tampico pueden sus alcaldes ser garantes que eviten las condiciones de indefensión en que los dejó el gobierno federal y hasta el del Estado, porque esos mismis ediles no tienen ni una brizna de control sobre la Policía Estatal Acreditable.
Convertir a los alcaldes en chivos expiatorios no ayuda en nada a mejorar la seguridad ni a rescatar la paz pública que todos deseamos.
De modo que la felicito por su trabajo señora Wallace, comparto sus objetivos y me sumo a ellos, pero una dosis adecuada de conocimiento sobre cómo funciona cada Estado y sus municipios sería muy oportuna.
Y sobre todo, realmente benéfica…

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