Corría la administración del entonces gobernador del Estado, Eugenio Hernández Flores.
Allá por la mitad de su mandato, se celebró una reunión en el Palacio estatal, para estudiar opciones destinadas al ahorro de recursos en respuesta a los recortes tradicionales que aplica el gobierno federal.
En la “lluvia” de ideas que se dejaban caer sobre la mesa de juntas, el jefe de giras del Ejecutivo propuso que los secretarios no utilizaran los aviones oficiales para trasladarse a los municipios a cumplir su encargo y que viajaran por tierra, a fin de no gastar en combustibles, pilotos y demás egresos.
Eugenio cortó de tajo la perorata del funcionario, César García, a quien le espetó:
“Ni se les ocurra”, dijo, “Lo más valioso que no podemos perder es el tiempo. Imagínense los días perdidos en retrasos para que los secretarios hagan su chamba y el daño que le podemos hacer a la gente que espera respuestas a la de ya. Por ahorrar unos miles de pesos vamos a perder millones al hacer las cosas a destiempo”. Y repitió: “Ni se les ocurra”.
Viene al caso recordar este pasaje por lo que sucede con los funcionarios del gobierno federal, que viajan en aerolíneas comerciales y en sólo un mes pierden de 4 a 5 días por el tiempo perdido en las terminales o en la búsqueda de un vuelo que los lleve a su destino.
Los números hablan.
Si pudiéramos multiplicar esos 5 días por los 12 meses del año y después por el número de secretarios o directores generales de descentralizadas, encontraríamos una dramática cifra: México perdería en sólo un año –quizás es mejor decir perderá porque sigue esa práctica– casi dos meses de tiempo por no utilizar una flotilla aérea oficial que permita atender casi en tiempo real las necesidades, los reclamos y hasta las emergencias.
Dios, ¿Es tan difícil entender esto?
Pareciera que sí, porque esa visión supuestamente de ahorro persiste y se acaba de anunciar que habrá más ventas de unidades aéreas, incluyendo helicópteros de Petróleos Mexicanos que son indispensables para movilizar a sus mandos en esa área estratégica para el país.
Me viene a la mente ante estas circunstancias, una frase que solía repetir –quizás lo siga haciendo– el popular Martín Jaime en su madrugadora emisión de Radio Tamaulipas:
“Al tiempo perdido, hasta los santos le lloran”…

¿Y SI FUERA AUTÓNOMO DE VERDAD?
Oiga…¿Y si en verdad resulta autónomo e imparcial el Poder Judicial de la Federación?
La pregunta se deriva del fallo emitido por un juez de ese rango sobre el que sería el nuevo aeropuerto internacional de México en Texcoco.
Todos sabemos que ya se había ordenado la suspensión de las obras de la terminal en Santa Lucía, pero ahora el dictamen es más lapidario: Preservar las obras del NAIM hasta que se revisen las causas que provocaron la cancelación del proyecto en los terrenos del extinto lago.
La orden, de acuerdo a fuentes periodísticas, es el resultado de un juicio de amparo interpuesto por el colectivo #Nomasderroches, que ya había obtenido a su favor tres resoluciones para detener los trabajos en Santa Lucía, cuya primera decisión para frenar esta obra por posibles daños ambientales, fue ratificada.
Me gustaría creer en esa autonomía. En verdad. Sin embargo, los mal pensados ya tienen su teoría:
Para no aceptar que fue un error cancelar el NAIM, el gobierno federal busca que el viraje en esa funesta decisión se dé como resultado de la que sería una muestra irrestricta de respeto de esa administración al estado de derecho, lo que le acarrearía dos super beneficios:
Recuperar la confianza de los inversionistas y fortalecer la imagen de la Cuarta Transformación como garante del estado de derecho.
Sabrá Dios o el Diablo. Total, estamos platicando…

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