Esta ley busca garantizar a la población en general el acceso y derecho equitativo al vital líquido y su saneamiento, y evitar su acaparamiento en más del 70 por ciento por empresas mineras, refresqueras, embotelladoras, inmobiliarias, en su mayoría trasnacionales, que afectan nuestros ecosistemas.

Se establecen las instancias, instrumentos, principios, criterios y procedimientos para la participación de los gobiernos Federal, estatales, municipales y demarcaciones territoriales, así como de los pueblos indígenas y la ciudadanía para garantizar y salvaguardar el derecho humano al agua para todos los habitantes del país, así como para las futuras generaciones.

La ruta legislativa para la discusión, análisis y dictaminación de la nueva ley reglamentaria del agua, será la Cámara de Diputados como Cámara de origen, y el Senado de la República como Cámara revisora, a través de las comisiones unidas de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; de Salud; de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; de Derechos Humanos y de Asuntos Indígenas, principalmente. El proceso se realizará en el actual Periodo Ordinario de Sesiones.

La propuesta fue firmada y recolectada con credencial de elector por 198 mil 129 ciudadanos y es reglamentaria de los Artículos 1, 2, 4, 27, 115 y 122 Constitucionales que, además, define las bases, apoyos y modalidades para proteger y preservar todas las aguas superficiales y subterráneas, pluviales, residuales y de toda índole, incluyendo la restauración de los ciclos del agua y de las cuencas.

Es impulsada por más de 400 organizaciones civiles locales y nacionales, académicos y especialistas agrupados en el Movimiento Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida. Se logró consensar en numerosas reuniones, talleres, foros y congresos desde marzo de 2012. Representa una gran oportunidad para una nueva etapa de la gestión del agua en el país, que garantiza el derecho humano a través del acceso equitativo y sustentable, afirman.