Es una necesidad social establecer la obligación de las instituciones de impartición de justicia y las autoridades administrativas de implementar formatos de lectura fácil en los procesos y procedimientos en los que las personas con discapacidad intelectual, visual y auditiva sean parte, expone la Diputada federal, Olga Juliana Elizondo Guerra.

Por lo antes dicho, menciona la iniciativa para adicionar una fracción XXXV al artículo 2 y un artículo 31 Bis a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

De acuerdo a la propuesta, por formato de fácil lectura se entiende al “texto complementario al principal redactado en un lenguaje simple, directo, cotidiano y personalizado, el cual puede utilizar ejemplos para su mejor comprensión y está libre de tecnicismos y conceptos abstractos”.

Así, cuando la autoridad jurisdiccional o administrativa atienda algún asunto en que una persona con discapacidad intelectual, visual o auditiva, será necesario que la resolución judicial o acto administrativo sea redactado de forma complementaria al documento tradicional en un formato de lectura fácil, acorde al tipo de discapacidad de la persona.

La diputada federal reconoció que existe una deuda con la población, pero especialmente hacia las personas con discapacidad, debido a la ausencia de un lenguaje claro en los procesos y procedimientos jurisdiccionales:

“Es urgente lograr que los mecanismos de impartición de justicia no solo sean accesibles para aquellas personas que pueden pagar un abogado, la justicia debe ser para todas y todos, independientemente de nuestra situación económica, nivel educativo o discapacidad”, aseguró.

Agrego que con esta reforma -dijo- se busca asegurar el acceso de las personas con discapacidad a la justicia, lo cual incidirá directamente en el ejercicio pleno de sus derechos, así como la construcción de una sociedad basada en la inclusión y la cultura de la no discriminación”.