El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y su predecesor inmediato, Raúl Castro, han sido denunciados ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por los supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos por sus gobiernos contra los trabajadores de las llamadas misiones internacionales.

La denuncia ha sido presentada por Prisoners Defenders International Network y por la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), según han anunciado este martes desde la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington sus respectivos líderes, el español Javier Larrondo y el disidente cubano José Daniel Ferrer.

Se dirige contra Díaz-Canel y Castro y otros cuatro altos cargos: los ministros de Exteriores, Bruno Rodríguez; Salud Pública, José Ángel Portal Miranda; Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca; y Trabajo y Seguridad Social, Margarita González.

Larrondo ha explicado a Europa Press que han señalado en concreto a estos seis dirigentes porque la violación “sistemática” de los Derechos Humanos procede de estos cuatro ministerios y de la Presidencia. “Son los máximos responsables”, ha aseverado.

Prisoners Defenders y la UNPACU argumentan en la denuncia, de 350 páginas, que los entre 50.000 y 100.000 profesionales cubanos que trabajan en las misiones internacionales son víctimas de “esclavitud, persecución y otros actos inhumanos” que constituirían crímenes de lesa humanidad.

A través de las misiones internacionales, que se pusieron en marcha hace décadas bajo el Gobierno de Fidel Castro, Cuba envía personal cualificado, en su mayoría médicos pero también profesores, ingenieros y artistas, entre otros, que presta sus servicios en países donde son necesarios a cambio de un pago.

“Los profesionales son enviados a entre 65 y cien países por periodos de tres años con contratos de trabajadores civiles por cuenta del Estado que permiten a las autoridades “ejercer atributos del derecho de propiedad sobre estas personas”.

No se presentan voluntarios a tales misiones, sino que son obligados, fuertemente coaccionados”, aseguran los denunciantes. Una vez en el país de destino, se les priva del pasaporte y de sus títulos académicos para impedir que deserten y puedan ejercer su profesión libremente.

Durante su estancia en el extranjero, “son alejados de sus familias” porque a ellas no se les permite salir de Cuba para visitarlos y ellos solo pueden viajar a la isla caribeña “en casos de defunción de sus padres o hijos”.

Sufren “jornadas infernales”, un 160 por ciento superiores a la carga laboral máxima estipulada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y viven “confinados” en “estancias comunes” con “toque de queda al atardecer”. Además, “no pueden relacionarse con nativos”, lo que excluye las “relaciones sentimentales” sin permiso de su supervisor.

“Se les encomiendan misiones políticas”, sostiene la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press. Por ejemplo, “los médicos deben censar a la población y sus posibles tendencias políticas, casa por casa, así como tratar con absoluta preferencia a los pacientes que son del partido en el poder del país que los contrata”.